La factura de la luz pone en el foco a Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc y Celsa

La decisión de Alcoa de despedir a sus casi 700 trabajadores de A Coruña y Avilés ha sido la chispa de un incendio que venía gestándose desde hace meses y que pone en el foco la competitividad de la gran industria electrointensiva y su viabilidad futura. Un problema de alta sensibilidad política, ya que se trata de empresas que generan importantes cantidades de trabajo en zonas que no ofrecen alternativas claras.

La aluminera estadounidense justificaba este miércoles su decisión en diversos factores, entre los que destacaba el elevado precio de la luz, que se encuentra actualmente en niveles récord. Además, este año ha visto sensiblemente reducidas las ayudas que le granjeaban las subastas de interrumpibilidad, un servicio que ofrece Red Eléctrica y que en la práctica supone una subvención para sufragar los costes de la industria intensiva en consumo de electricidad.

Alcoa plantea el despido de toda su plantilla en Avilés y A Coruña tras triplicar pérdidas

J. C. PEÑA

La compañía ha anunciado el inicio de contactos con los representantes de los trabajadores para extinguir el contrato de sus 686 empleados. Perderá 75 millones en 2018, casi el triple que en 2017

No en vano, Alcoa retiró un ERE a finales de 2014 cuando logró adjudicarse más potencia interrumpible. Sin embargo, el esquema de ayudas pagadas a través de la factura de la luz lleva tiempo bajo la lupa de Bruselas, que entiende que se trata de una subvención incompatible con las leyes de mercado interior. Eso ha hecho que en 2018 se reformara el sistema de subasta y se redujeran estas ayudas, que han pasado de 525 milllones a 315 millones (-40%). La patronal AEGE ya advirtió de que este nuevo sistema ideado por Nadal suponía un «jarro de agua fría». Alcoa recalcaba entonces que su fábrica de A Coruña no era rentable con el resultado de la puja. Corría el mes de junio.

Pero, además de Alcoa, hay otras grandes empresas electrointensivas que año tras año han sido las grandes beneficiadas de las ayudas procedentes de la factura de la luz. Los grandes bloques interrumpibles, mucho mejor retribuidos que los pequeños.

Alcoa se benefició de más de 1.000 millones con la factura eléctrica en los últimos 10 años

JUAN CRUZ PEÑA

La compañía es la principal beneficiaria de la subasta de interrumpibilidad, que le ha servido para sufragar uno de sus principales costes, ya que se trata de la empresa más electrointensiva

Así, empresas como Celsa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Ferroatlántica han venido ingresando cuantiosas ayudas. Según un estudio de una empresa involucrada en la subasta de interrumpibilidad, ArcelorMittal se ha llevado más de 60 millones cada año al menos desde 2015, aunque en 2018 esta retribución ha descendido hasta los 42 millones de euros.

Le sigue Asturiana de Zinc, con cobros superiores a los 52 millones al año (34 millones en 2018). Tras esta compañía está Ferroatlántica, que viene recibiendo ayudas de casi 50 millones de euros. Por último está Celsa, con alrededor de 35 millones por año (23 millones en 2018).

Grupos como Asturiana de Zinc muestra un resultado bruto de explotación (los ingresos menos los costes ordinarios) inferior a los 30 millones de euros en los últimos años, con lo que la eliminación de los ingresos procedentes de la subasta de interrumpibilidad supondría que la firma hubiese incurrido en pérdidas operativas. Sin entrar en números rojos, pero con beneficios de menos de la mitad, se quedaría Celsa, cuyo resultado de explotación ha rondado los 50 millones de euros en los últimos años, tal y como consta en los resultados depositados en el Registro Mercantil.

La situación es altamente sensible tanto para Ferroatlántica como para Arcelor, que no obstante no desagregan sus resultados en España. Ferroatlántica ganó a nivel global 20 millones de euros en 2017. Su ebitda fue de 170,9 millones. Sin embargo, España aporta menos de la mitad.

Unos números que ponen en cuestión la solidez competitiva de estas compañías.

La factura eléctrica de la industria amenaza con un frente entre Sánchez y las CCAA

JUAN CRUZ PEÑA

El apoyo que reciben las grandes empresas para mitigar sus costes energéticos a través de la interrumpibilidad se hunde en 2018 gracias a una medida que apoyó el PSOE en la oposición

La gran pregunta es qué harían estos grupos si no dispusiesen de estas ayudas. Sobre todo compañías internacionales con capacidad de deslocalización, visto el caso de Alcoa. Se trata de empresas que emplean a miles de trabajadores directamente, además de otros muchos más de manera indirecta en zonas sin una alternativa clara. Todos ellos han visto mermadas las ayudas a la par que los costes de su electricidad y otros suministros como los carburantes y el gas no paran de subir.

Tras el anuncio de despidos de Alcoa, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que quizás haya que reformar de nuevo el sistema de interrumpibilidad. Un mecanismo que ha generado airadas quejas de muchas industrias, que ven privilegiado a un grupo muy concreto de compañías. Empresas como Sidenor o Grupo Balboahan llevado al Tribunal Supremo el mecanismo, por la falta de competitividad, la principal queja de Bruselas. El PSOE apoyó rebajar la interrumpibilidad cuando estaba en la oposición.

Desde el sector eléctrico, algunos expertos apuntan a que la interrumpibilidad es una ayuda que dan los consumidores cuando en realidad esta partida debería ir en los Presupuestos Generales del Estado u otras partidas. Pero a nadie se le escapa que todo lo que va en la factura escapa al control de las cuentas que realiza la Comisión Europea sobre España. De hecho, un consultor apunta que la factura de la luz está sobrecargada de impuestos, lo que supone una penalización a la hora de competir a nivel internacional con empresas exportadoras de otros países. El informe del comité de expertos de Energía proponía eliminar de toda la fiscalidad verde a la industria exportadora para evitar deslocalizaciones.

Aquí, otro factor a tener en cuenta son los ingresos de las empresas eléctricas, muy cuestionados por el anterior Gobierno del PP, que consideraba perjudicaban a la exportación, y también ahora por el PSOE.

Acerinox ha señalado en repetidas ocasiones que producir en España le sale un 30% más caro que en Francia. No obstante, tanto Acerinox como Ercros son las firmas que mejor paradas han salido con la nueva reforma de la interrumpibilidad.

La cuestión, de manera paralela a lo que sucede con el carbón, es un frente de conflicto entre las comunidades autónomas donde se sitúan estas industrias y el Gobierno central. La industria de gran consumo está ubicada casi en su totalidad en la periferia de la península Ibérica, para favorecer su salida a puerto. Ayer mismo, el presidente de Galicia,Alberto Núñez Feijóo, echó en cara al Gobierno no gastar la partida presupuestaria.

La ecuación que se plantea es cómo cumplir los objetivos medioambientales, que provocan que los suministros energéticos estén caros por el coste del CO2 y los daños medioambientales, y conjugar eso con la competitividad de la industria tractora de la economía del país.